Patricia Rivadulla, especialista en producción publica de medicamentos, y Fernanda Boriotti, dirigente del gremio Fesprosa, advierten sobre la crisis del sistema sanitario y la importancia de sostener la plataforma de 15 puntos por el derecho a la salud que elaboró la multisectorial.
12 julio, 2019VER MÁS TARDEVER PANTALLA AMPLIA
Redacción Canal Abierto | Las dos mujeres integrantes de la amplia multisectorial por el derecho a la saludtrazan un perfil crítico sobre la actualidad del sistema sanitario en nuestro país, expresan un contundente rechazo a la CUS y analizan distintas temáticas relacionadas a sus áreas de intervención particulares, como la importancia de promover la producción pública de medicamentos, la participación de los trabajadores en el diseño e implementación de las políticas públicas, la importancia de fortalecer al Estado como garante de la calidad de vida, y la necesidad de avanzar en la incorporación de la perspectiva de género.
Fernanda Boriotti es secretaria General de Siprus, el sindicato de profesionales de la salud de Santa Fe, y de Fesprosa a nivel nacional, la federación que los agrupa, además de fundadora del Movimiento por el Derecho a la Salud (MDS) en su provincia. “Esta propuesta es fundamental para lo que queremos para la salud en Argentina. Es muy difícil en el contexto actual tener una agenda común entre tantos sectores y es muy importante que la podamos llevar adelante en conjunto, multisectorialmente”, valora la dirigente.
“La salud es un derecho y por eso la debe garantizar el Estado. El gasto de bolsillo de la población es muy alto, y tenemos un presupuesto que está apenas en el 3% del PBI para salud pública, todo lo demás es lo que pone el ciudadano para pagar servicios de salud, tenemos que empezar a deconstruir esa idea”, agrega.
“Nosotros solemos decir que no hay salud pública sin trabajo decente, y entre las preocupaciones que generó el decreto de la Cobertura Universal de Salud, esta también la perdida de las condiciones dignas de trabajo, porque la retirada del Estado, menos presupuesto y derivación de fondos del sector público al privado va a terminar en que los trabajadores se peleen para ver quien atiende más pacientes”, denuncia Boriotti, que además resalta: “Los sindicatos no estamos limitados a la defensa de los derechos de los trabajadores sino que tratamos de hacer sindicalismo ciudadano en la defensa de un sistema integral, universal y de calidad”.
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Patricia Rivadulla es la ex Directora de la unidad de Producción de medicamentos del laboratorio público Tomas Perón, de la Plata. “Los 15 puntos reflejan los aspectos críticos que hay dentro del sistema de salud. Es un logro muy importante haber podido consensuar esta propuesta”, coincide.
Además, la trabajadora estatal, advierte que “cuando se pierde un derecho es muy difícil recuperarlo”, y en relación a altísimos valores y los aumentos de precios explica que “hace falta una política que plantee al medicamento, no como un bien de mercado, sino como un bien que garantiza un derecho”.
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Sobre la CUS, pone como ejemplo el caso de Colombia: “Los resultados para la población fueron catastróficos. Se había programado hacer un desarme del sistema sanitario público y pasarlo al sistema de seguros, copia del de Estados Unidos, previendo que iba a haber un crecimiento del 4% anual de PBI: esto no ocurrió y después de 10 años cerca del 80% de la población se quedo afuera del sistema”.
“En la producción pública el tratamiento completo de tramadol (un calmante) sale, $51, frente al valor de la industria que es de $640. Esa relación entre costo y precio devela la diferencia entre entender a salud como derecho o como bien de consumo”, insiste Rivadulla, integrante del MDS bonaerense, colectivo conformado además por ATE provincia de Buenos Aires, CICOP, Movimiento Evita, entre muchos otros sectores.
Entrevista: Leo Vazquez
