En el marco del debate público, se expusieron los argumentos sobre la posible implementación de la normativa nacional. La prevención como pilar, el lobby empresario que silenció las voces disidentes en medios de comunicación y buscó anular el debate sobre las condiciones de trabajo y las mentiras que esconde el planteo empresarial, fueron parte de del debate. Lamentable intervención del Ejecutivo provincial.
23 septiembre, 2019 by Comunicacion CTA
Por Sofía Alberti* | En el marco del debate público, se expusieron los argumentos sobre la posible implementación de la normativa nacional. La prevención como pilar, el lobby empresario que silenció las voces disidentes en medios de comunicación y buscó anular el debate sobre las condiciones de trabajo y las mentiras que esconde el planteo empresarial, fueron parte de del debate. Lamentable intervención del Ejecutivo provincial.
El pasado miércoles la Cámara de Diputados de la Provincia convocó a una jornada de debate pública sobre la adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional 27348 de Riesgos de Trabajo. Participaron alrededor de cuarenta expositores y expositoras. Entre ellos por la parte sindical, el Secretario General de la CTAA Rosario, Gustavo Terés; el Presidente de SIPRUS, Diego Ainsuaín; el Secretario de Salud Laboral de la Federación Aceitera, Marco Pozzi; y el referente de la Comisión Interna de Acindar Villa Constitución, Matías Ruffini.
Hubo además presencia de diversos espacios gremiales, como el Movimiento Obrero Santafesino, la CTA de los Trabajadores, la CGT San Lorenzo, sectores independientes, la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, e instituciones representativas de jueces, letrados y del sector empresarial.
Fueron diversas las voces y posturas, pero los argumentos sólidos se oyeron de quienes se oponen a que Diputados siga el camino del criticado Senado, que por unanimidad dio media sanción inconsulta a la adhesión. Llamó la atención de que, pese a su exposición mediática previa, los sectores gremiales que apoyaban la sanción definitiva, como UOCRA, Camioneros de Rosario, el Sindicato del Vidrio, entre otros, no asistieron a argumentar su postura.
Los diputados y diputadas que tomaron la palabra, expresaron con matices sus reparos para rechazar la adhesión. Rubén Giustiniani, Leandro Busatto, Carlos Del Frade, Silvia Augsburger y Luis Rúbeo, plantearon la necesidad de debatir sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras “en un contexto económico y social muy duro”.
“Cada dos minutos hay un accidente laboral en Argentina, un trabajador que busca ganarse la vida, la pierde cada 12 horas. Estamos en un proceso de demolición del derecho laboral en Argentina”, dijo Del Frade. “Las nueve Aseguradoras de Riesgos de Trabajo nacidas en la etapa de saqueo planificado de los `90, facturaron el año pasado 85 mil millones de pesos”, aseguró el Diputado y denunció que la Ley de ART “pone a las empresas por encima del Estado santafesino”, violando el Artículo 20 de la Constitución Provincial. Exigió el “pase al archivo de esta enorme demostración de cobardía que hizo el Senado de Santa Fe”.
Vale mencionar que a días de realizado el debate, nueve inspecciones del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) en las plantaciones de frutillas de Coronda, halló 51 trabajadores en estado de semi esclavitud. Muchos de ellos estaban descalzos, no tenían acceso a baños y percibían un salario inferior a lo que marca la ley. Una muestra de que las condiciones laborales están lejos de garantizar derechos elementales constitucionalmente reconocidos.
Debate
Uno de los bastiones que el gobierno provincial saliente tuvo a su favor en la última década fue la implementación de los Comité Mixtos de Seguridad e Higiene. Una legislación que fue de avanzada respecto a otras provincias. Como parte de una degradación general del Frente Progresista Cívico y Social en su ocaso político, se escuchó la exposición de la Ministra de Producción, Alicia Ciciliani, expresando que el Ejecutivo apoya la legislación.
La funcionaria ‘echó mano’ a su militancia en el socialismo, su condición de mujer y la experiencia junto al ex Ministro de Trabajo, Carlos Rodríguez para intentar darle bases a lo insustentable. “Vengo en nombre de los empresarios de la provincia de Santa Fe, los empresarios Pyme de la provincia de Santa Fe”, dijo la funcionaria y apuntó que “el negocio de pagar una tasa altísima para la ART deja afuera a miles de trabajadores de la posibilidad de estar inscriptos”. Y prosiguió: “pagar estas tasas de ART no beneficia a ningún trabajador, sino al sistema financiero. La litigiosidad no las pagan las ART sino las empresas”, argumentó.
Las exposiciones empresarias mostraron faltas de argumentos, un sinfín de enunciados sin datos precisos y hasta pasajes que podrían ser graciosos si no fueran las voces elegidas para representar a un sector que, los días previos y posteriores al debate, tuvo el poder de copar las tapas de los medios de comunicación para empujar la adhesión a la ley nacional.
Por la parte sindical y de abogados y abogadas laboralistas, se compartieron algunas caracterizaciones. Primero, que se parte de un contexto de fuerte agresión al movimiento obrero en su conjunto, con reformas regresivas en materia de derechos: reforma laboral de facto, la previsional y también la Ley de ART. Como planteó Terés “lo que enferma son las condiciones de trabajo”, por lo que hay que apuntar a la prevención real de los siniestros y afecciones de salud. Se recordó que existe un 40% de empleo en negro en Argentina y un subreconocimiento de las enfermedades laborales, que deja en total desprotección a los trabajadores y trabajadoras.
Ante esto, la posibilidad de llegar a un resarcimiento económico que no reemplaza la parte física perdida o dañada, es el último escaño de una escalera de vulneraciones. Así, la normativa que busca implementarse ataca, dificulta y termina por cercenar el derecho de acceso a la justicia en nombre de evitar el litigio y, así, el pago de indemnizaciones acordes.
Voces disidentes
En nombre de Amsafe Rosario y la CTA Autónoma Regional Rosario, Terés inició su intervención manifestando su pesar por “la muerte de las compañeras docentes en Chubut, un trágico accidente en condiciones de lucha por el incumplimiento de las políticas de los gobiernos y del Estado”.
Sobre el tema en debate, consideró que “está inscripto en un ataque global al mundo del trabajo, vía reforma laboral, previsional, ART y la precarización laboral que es uno de los grandes dramas que tiene el mundo del trabajo. Hay responsabilidad del gobierno provincial, pacto fiscal mediante y las concesiones que hicieron en estos años, en los que se inscriben esta adecuación”, dijo. Y catalogó como “una vergüenza que parte del movimiento sindical actúe en esa postura de sindicalismo empresario (avalando la implementación). Vamos a estar en la otra vereda”.
Matías Ruffini, de la Comisión Interna de Acindar Villa Constitución, donde trabajan alrededor de 3 mil personas, recordó que la Ley de Comité Mixtos de Seguridad e Higiene en Santa Fe fue acelerada, precisamente, por un accidente fatal que se dio en esa planta en 2008. “Nos entristece venir a discutir la ley macrista de ART, expresamos nuestro profundo rechazo. Entendemos que para nada esta ley atiende a nuestros intereses. Que no se haga en nombre de los trabajadores la discusión de la ART en Santa Fe”. Y apuntó que hay una subdeclaración de enfermedades en las ART.
Diego Ainsuaín, de SIPRUS, recordó que las primeras voces que salieron a defender la normativa fueron de sectores poderosos, como la Bolsa de Comercio de Rosario y el propio gobierno nacional. Respondiendo a Ciciliani arguyó que “lo que está en debate es si la Provincia de Santa Fe responde al mandato enviado por el gobierno nacional” y planteó que “en Vaca Muerta en los últimos meses murieron 9 trabajadores. La siniestralidad laboral después de aprobar la flexibilización aumentó un 1600%”.
Como médico y docente de la Universidad Nacional de Rosario, aseguró que sólo hay dos carreras de medicina laboral y que, la mayoría de esos profesionales, terminan trabajando para las ART. “En el Ministerio de Trabajo para controles sólo hay dos médicos y una psicóloga trabajando y tiene menos de 30 inspectores en la plantilla”, lo que expresa la cesión de tareas de contralor en empresas privadas cuya mayor ganancia está en la especulación financiera. “La contradicción en relación a la producción no está en el costo laboral, sino en las tarifas y las tasas de interés”, consideró.
Marco Pozzi, Secretario de Salud Laboral de la Federación Aceitera, contó que “venimos resistiendo los ataques de empresas como Dreyfus, Cargill, Molinos, Vicentin, y pareciera que este es el broche de oro para liquidarnos. No aceptamos ni siquiera la terminología de la ley, porque donde ellos ven productividad, nosotros vemos la necesidad de trabajo digno; donde ellos ven un costo, nosotros un sostén de familia. Seguimos esperando que aparezcan los responsables de las muertes de trabajadores del cordón industrial. Pero parece que la culpa y los errores son nuestros, aunque se enriquecen ellos (por los empresarios)”. Y expuso otra problemática: la falta de reconocimiento de enfermedades laborales, genera que las obras sociales sindicales deban responder ante patologías que las empresas no reconocen.
Números mentirosos
El sector empresario y el gobierno nacional, con la actual anuencia del gobierno provincial, plantearon como necesidad la aplicación de la ley. Se basaron en enunciados sin exposición de datos concretos, que fueron rebatidos por abogados laboralistas y asesores médicos de los gremios.
Juan Manuel Ramb, Asesor salud laboral FESTRAM, mostró gráficos elocuentes sobre el sostenimiento de una alícuota histórica mayor en Santa Fe respecto a otras provincias. Pero explicó: “una ART en Santa Fe concentra el 35% de los empleadores y 3 concentran más del 70% de los empleadores. En Buenos Aires, la misma ART que acá tiene un 35% de la alícuota, allá tiene menos del 20% y en Santa Fe cobra en un 75% más. No es un problema de alícuota de juicio, es un problema de concentración de mercado”.
Uno de los latiguillos en torno a la presunta alta litigiosidad, es apuntar a los abogados que ‘lucran’ con las enfermedades y accidentes. “Hay un fenómeno denominado caranchismo, con abogados que sí lucran a costa de los trabajadores, lo denunciamos y dejamos una serie de iniciativas en la Cámara para combatirlo. Pero es un fenómeno marginal que no explica la situación de las Pymes, ni de las ART”, dijo Diego Boggione de AALR.
“Es absolutamente falso que las industrias están al borde del colapso por los juicios laborales, por la elevada litigiosidad y el costo laboral santafesino. Los números objetivos demuestran que no hay crecimiento de juicios en Santa Fe. Tampoco se paga más cara la alícuota de ART”. Y apuntó a la inconstitucionalidad de la ley que, aseguró, empujará a más juicios.
“No tenemos que discutir solamente el problema del litigio, sino que lo que hay que discutir estratégicamente son las causas por las cuales le pasa lo que les pasa a los trabajadores. Queremos discutir las políticas prevención, la siniestralidad laboral, por qué se enferman los trabajadores. No es el trabajo lo que enferman sino las condiciones de trabajo. La salud no se vende, se defiende. La salud no se regala”, expresó el Secretario General de la CTAA Rosario.
*Sofía Alberti, Comunicación CTAA. Fotos: Prensa Legislatura.
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