La ofensiva patronal contra los trabajadores, avalada e impulsada por el Gobierno Nacional, se ha profundizado en las últimas semanas. Los mecanismos de control y disciplinamiento sobre los trabajadores no se limitan a los despidos, que han tenido lugar tanto en el sector público como en el privado, sino que también incluyen las amenazas generalizadas de despidos, y un creciente uso de la fuerza pública contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales. Esta ofensiva tiene como objetivo principal reducir sustancialmente el costo de la fuerza de trabajo. Para ello, los empleadores necesitan doblegar la resistencia de los trabajadores e impedir que a través de las negociaciones salariales se revierta la caída del salario real. En este sentido, el Gobierno Nacional ya ha explicitado su intención de limitar los incrementos salariales nominales a un rango de inflación futura que, según ha expresado, debería ubicarse en torno al 20% – 25%. Considerar dicho rango de inflación implicaría aceptar un escenario que a esta altura del año ya luce más que improbable.

Las declaraciones públicas de los principales beneficiarios de las medidas económicas del gobierno (principalmente el sector agroexportador) sostienen que la devaluación se habría quedado “corta”, y que sería necesario, más temprano que tarde, volver a efectuar una corrección del tipo de cambio.

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